Las ideas de Podemos de la necesidad de regular los medios de comunicación a través de mecanismos de control público, nos recuerda inevitablemente la situación en Ecuador y Venezuela, con dos formas diferentes de control los medios desde el Gobierno, pero que están llevando a una censura directa o indirecta de los medios. ¿Estos son los modelos que quieren en Podemos?

Mitin de Podemos en Málaga – Fotografía de cyberfrancis

La idea de Pablo Iglesias de establecer mecanismos de control público para regular a los medios de comunicación, o por lo menos a «una parte», y garantizar así «la libertad de prensa, sin condicionantes de las empresas privadas o la voluntad de partidos políticos», da miedo viendo los posibles ejemplos que se están desarrollando en América del Sur.

«¿Por qué no va a existir una regulación que garantice la libertad de prensa en el mejor sentido del término, sin condicionantes de empresas privadas o de la voluntad de partidos políticos? La sociedad civil tiene que verse reflejada con independencia y veracidad en los medios de comunicación?», asegura en el texto, recogido por Europa Press.

Según Iglesias, dicha regulación no significa que todos los medios deban estar bajo el control del Gobierno, sino que se garantice mediante la regulación del sector de la comunicación la independencia y la veracidad de los medios.

«¿Eso quiere decir que todos los medios tengan que estar bajo el control del Gobierno? Claro que no, eso quiere decir que los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener mecanismos de control público. Y lo público no tiene que ser necesariamente institucional, en el sentido de ser corriente de transmisión de las estructuras que gestionan la administración», argumenta.

Esta idea del control de los medios de comunicación no es nueva, ya que el propio Pablo Iglesias lo dejaba caer en el documental «Una mosca en una botella de Coca-Cola» de su canal de televisión online «La Tuerka» donde se ponían como ejemplo las medidas llevadas en diferentes países de América del Sur contra la inversión de capital privado en los medios de comunicación.

Una de las visiones que aparecían, era la de Juan Carlos Monedero y ahora número 2 de Podemos, que expresa que “Lo democrático es que desde los parlamentos nazcan leyes que establezcan que la información no es una mercancía y el hecho de que haya medios de información privada no implica que tengan derecho a tergiversarla”.

Esta idea del control de los medios por parte de Juan Carlos Monedero, ya lo podíamos leer en 2009 en una entrevista en Venezuela con respecto al Canal Globovisión*, entonces el canal más crítico con el gobierno y que en 2013 fue comprado por afines al gobierno de Venezuela, una venta que provocó el giro radical en la línea informativa. ¿Casualidad?

*-¿Autorregulación o autocensura?

-Por Dios, autorregulación. Unos medios que se autocensuraran no servirían para nada. Pero ¿qué es lo que nos dice la experiencia? Que la autorregulación de los medios es una falacia. Es como si los conductores se autoaplicaran el código de circulación y después de comerse una luz o conducir ebrios, parasen en el hombrillo y se dijesen: “Voy a multarme por manejar mal”. La autorregulación ha sido leída por los empresarios de los medios de comunicación como impunidad y se han olvidado de que al igual que el derecho a la salud corresponde a los ciudadanos y no a los directores de hospitales, el derecho a la libertad de expresión corresponde igualmente a los ciudadanos y no a los medios de comunicación crecientemente convertidos en amplios conglomerados empresariales. Ahí es donde es necesaria la regulación estatal. Esto implica que si las leyes venezolanas consideran el cierre de un canal que ha traspasado los límites de la convivencia marcados por las propias leyes, sea clausurado igual que se cerraría un hospital que se dedicara a negociar transplantes de órganos de niños pobres a niños ricos.

-Se afirma que la revolución ha perdido su batalla frente a Globovisión, pues al no poderlo vencer con la fuerza de una audiencia mayor y más impacto noticioso por parte de los canales del Estado, opta por el camino fácil de cerrarlo.

-Yo creo que la estrategia del gobierno respecto a Globovisión no es la mejor. ¿Cómo es posible que un canal con una audiencia que apenas llega al 10%, adquiera tanta relevancia? Ocurre algo parecido a la reciente reunión de intelectuales de la derecha convocada por Cedice en Caracas. ¿Cómo es posible que gente que no convoca políticamente a nadie en sus países de origen y que, además, allá representan a sectores muy minoritarios, hayan recibido la atención del Presidente de la República, del vicepresidente, los ministros, los intelectuales de izquierda y de Fidel Castro? A veces nosotros elevamos a nuestros propios enemigos.

Ecuador y Venezuela: la censura latinoamericana

Rápidamente al ver las ideas de Podemos la cabeza se nos va a Ecuador y Venezuela; países con gobiernos afines a las ideas de Podemos y donde algunos de sus dirigentes han participado en el asesoramiento de estos gobiernos como Juan Carlos Monedero con Venezuela, y que en la actualidad son países donde la libertad de prensa tiene serios problemas por la presión del estado.

El control estatal que pide Podemos, se aplica en Ecuador y Venezuela, ya bien mediante leyes mordaza como en Ecuador o con la censura directa o la falta de papel como en Venezuela.

La ley mordaza de Ecuador

En el año 2013 el gobierno de Correa aprobaba la «Ley Orgánica de Comunicación» (PDF), una ley que se criticó durante los meses previos a la tramitación y en la que Correa buscaba frenar la concentración de poder y frenar las críticas y la oposición a su gobierno, en un momento en el que estaba duramente criticado y que ahora le ha servido, para reducir el altavoz a las protestas ciudadanas contra el YasuníITT y los negocios del Gobierno Ecuatoriano para venderse a China como ya explicamos en Correa, aquella esperanza de la izquierda latinoamericana

Esta Ley Orgánica de Comunicación, conocida también como la «ley mordaza», ya que su funcionamiento efectivo es una mordaza contra los medios, donde éstos tienen que autocensurarse si quieren seguir sobreviviendo. Esta «ley mordaza» se resumía en su artículo número 10 en la que los medios, tanto escritos, radio, televisión como aquellos medios o blogs en internet, debían de cumplir con un código deontológico de 43 puntos, algunos de ellos, demasiado subjetivos tal y como recordaba Merogos en MNM

Articulo 10: Normas deontológicas
1.a. Respetar la honra y la reputación de las personas;
1.b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios;
1.c.Respetar la intimidad personal y familiar.
[…]
3.b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas;
4.b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado como falsas o erróneas
4.e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias;
4.j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.

¿Quién decide si cumplen o no ese código deontológico? O sea, ¿quién decide si las informaciones atentan contra la intimidad familiar de alguien o si son falsas o si no respetan la honra de alguien? ¿Un juez? No, un órgano censor, según se puede leer en el artículo 47

Art. 47.-Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.-
El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación es un cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía funcional, administrativa y financiera, cuyo presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta entidad.
Sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento.

¿Y quién nombra a sus miembros? Al presidente del mismo el propio Correa. Y los demás órganos que controla el propio Correa, como se puede ver en el artículo 48.

Art. 48.- Integración.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación estará integrado de la siguiente manera:

1. Un representante de la Función Ejecutiva, quien lo presidirá.
2. Un representante de los Consejos Nacionales de igualdad.
3. Un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
4. Un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
5. Un representante del Defensor del Pueblo.

Esta «ley mordaza» ya ha tenido sus dos primeras grandes víctimas como la censura al caricaturista Xavier Bonilla Zapata, “Bonil” y que el Diario Hoy.

El Diario Hoy ha dejado de circular en papel en los últimos días para seguir únicamente online, después de una presión brutal por parte del estado contra los anunciantes y hundiendo al periódico, uno de los más populosos del país, en un país donde el Gobierno controla un periódico como El Telégrafo, aunque tampoco se libra de la censura y de las multas por la Ley de Comunicación.

La famosa Ley orgánica de Comunicación tiene un punto bastante curioso, donde los medios están obligados a incluir la opinión del gobierno en todas las noticias que le afecte o a incluir la réplica intacta si hay una parte se siente perjudicada, ya sea privada o pública. Si el medio no lo hace, recibe una multa. Si lo hace muchas veces, acaba con el cierre del medio por la carga de las multas.

Lo que podría ser una forma de evitar que los medios dijeran su verdad, a la larga se convierte en una forma donde el Gobierno siempre puede soltar la propaganda en todos los medios y de forma gratuita, al estar obligados a cortar la emisión para conectar con el Presidente o los cargos del gobierno. Además, si los medios no cubren los actos del Presidente Correa, también son sancionados.

Ante esta situación, la mayoría de medios han aplicado una autocensura y donde los temas de corrupción que afectan al gobierno; en especial por el Yasuní y los negocios del Gobierno con las mineras y petroleras chinas, se han reducido o directamente han desaparecido de los medios.

Ante las denuncias de autocensura, el superintendente del gobierno se defiende:

Más que autocensura, el superintendente de la Comunicación prefiere hablar de prudencia. Como dijo la semana pasada, en el aniversario de la ley, “los medios de comunicación tienen más prudencia al tocar diversos temas. Todos los días los periodistas destacan que en Ecuador se les coarta la libertad de expresión, pero los mismos hechos demuestran que no es verdad”, afirmó. “En este país existe tanta libertad de expresión que raya en el libertinaje”, opina.

Dentro de todo este porro de la libertad informativa en Ecuador, destaca la situación del viñetistas de los diarios, una situación que se puede ver reflejada en el caso de Xavier Bonilla Zapata, “Bonil”, viñetista de El Universo.

El 28 de diciembre de 2013 se publica en el diario El Universo (Ecuador) esta viñeta de Xavier Bonilla Zapata, “Bonil”, viñeta que hace alusión a una intervención policial en la vivienda del periodista Fernando Villavicencio el 27 de diciembre de 2013.

La caricatura hacía alusión al allanamiento que sufrió Fernando Villavicencio en la que con orden judicial, la policía buscaba documentos e información que tenía el reportero en su computador personal. Anterior a este incidente Villavicencio y el asambleísta Cléver Jiménez, fueron demandados por Correa por haber asegurado que el mandatario había cometido un delito de lesa humanidad en la sublevación policial de septiembre del año 2010.

En agosto de 2011, Jiménez y los sindicalistas Carlos Eduardo Figueroa Figueroa y Fernando Alcíbiades Villavicencio Valencia habían solicitado al Fiscal General que investigara la responsabilidad de Correa en relación con los incidentes ocurridos el 30 de septiembre de 2010.

Ese día, Correa fue retenido en un hospital policial durante varias horas por agentes de seguridad pública que se oponían a la sanción de una ley que recortaba sus beneficios.

En el pedido de investigación, Jiménez y los sindicalistas acusaron a Correa de “incitación al caos político, incitación para la discordia civil, alteración del orden constitucional e incitación a la rebelión de la fuerza pública”, además de perpetrar “crímenes de lesa humanidad” al haber ordenado la toma armada de un hospital donde había civiles.

El fiscal general, que había sido abogado personal de Correa durante parte de su primer mandato, concluyó que no había evidencias suficientes.

En agosto de 2012, Correa demandó por injuria calumniosa a Jiménez y los sindicalistas ante la Corte Nacional de Justicia. Conforme al artículo 494 del Código Penal de Ecuador, quienes “hubieran propuesto una acusación judicial, o hecho de denuncia, que no hubiesen sido probadas durante el juicio” podrán ser reprimidos con penas de hasta tres años de prisión.

El 1 de Febrero Bonil fue sancionado por publicar la viñeta (condenado a la rectificación de la publicación y lo hizo a través de una sátira), y el diario El Universo también fue sancionado por publicar la viñeta con el pago del 2% de las ganancias de los últimos tres meses. El Superintendente de Información y Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa, señaló que la ley denomina el acto de publicación como “responsabilidad ulterior” y por lo tanto el diario también es sancionado.

Respuesta de Bonil – Vía JRMORA en Rafael Correa vs Bonil

Si quiere leer sobre el caso Bonil, le recomiendo a JRMORA en Rafael Correa vs Bonil.

Lo cierto es que cada declaración de Correa deja a las claras la verdadera intención de la Ley de Comunicación «Gracias a nuestra nueva Ley de Comunicación se les acabó la fiesta».

“Se disfraza bajo un tintero para desfogar su odio. Gracias a Dios ya tenemos quien nos defienda… Gracias a nuestra nueva Ley de Comunicación se les acabó la fiesta”, señaló haciendo referencia a la polémica legislación que controla y sanciona a los medios de prensa en el país.

Con respecto al dibujo publicado, consideró que se trata de una mentira más producida por los medios de comunicación. “La mentira sigue siendo mentira así se encuentre en una noticia, en una editorial o en una supuesta caricatura”, añadió el presidente, para quien las viñetas no representan más que una gran calumnia.

¿Quién decide cuándo se acaba la fiesta? ¿El Gobierno cuando no le gusta lo que dice el medio?

Venezuela: Cierre de medios, ventas obligadas y censuras a discreción

La situación de los medios de comunicación en Venezuela es quizás la más complicada y donde la censura está entrando más de lleno, aunque para los defensores de la revolución sea un triunfo del pueblo contra los fascistas de la oposición.

Televisión: Autocensura, cierre, cambio de dueños y cadenas nacionales.

En el año 2004 fue aprobada la Ley de Responsabilidad Social Sobre Radio y Televisión (Ley RESORTE) en Venezuela, que regula la programación de los medios audiovisuales.

Los medios privados, además de sufrir ataques y controles por parte del Estado, en el año 2007 es clausurado el canal televisivo de más transcendencia en el país, RCTV, al no renovarse la licencia de emisión y recuperarla para el pueblo mientras que sí se les renovaba las licencias a aquellas emisoras cercanas al Gobierno de Chávez.

RCTV, con un 42% de share de audiencia, fue intentada comprar varias veces por aliados del Gobierno, aunque siempre se habían negado a ello. Al no poder comprarla, se decidió no renovarle la licencia de televisión terrestres argumentando que era una cadena golpista (apoyó el levantamiento de 2002) y otras denuncias en teoría que iban contra la Patria Bolivariana.

En su lugar, se dio la licencia a Televisora Venezolana Social (TVes), una cadena pública de la Fundación Televisora Venezolana Social y patrocinada principalmente por el Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y, por consiguiente, conforma al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información.

En 2010, cuando RCTV únicamente ya se emitía a través del cable, el Presidente Chávez ordenaba el cierre de RCTV, al no someterse a las cadenas presidenciales.

El responsable de Conatel, a la sazón ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, dijo que las operadoras de televisión por suscripción debían excluir de su oferta a los canales considerados «nacionales» que no cumplan con la ley, que obliga, entre otras cosas, a someterse a las cadenas presidenciales.

Cabello, que no citó a RCTVI, afirmó a la prensa que no se estaba «cerrando a nadie». Esta misma semana, el canal privado recurrió la decisión de la autoridad audiovisual venezolana por la que dejó de ser catalogado como «canal internacional» para ser «canal nacional».

Oswaldo Quintana, abogado de RCTVI, notificó el viernes a la prensa la introducción del recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se mostró esperanzado en que la decisión devuelva a su cliente a su anterior estatus.

Radio Caracas Televisión Internacional es una de las 24 emisoras por cable que el Gobierno de Chávez clasificó el pasado jueves como nacionales, lo que les obliga a ajustar su programación a las normas legales que rigen para las televisoras en señal abierta. Estas obligaciones no afectan a los canales internacionales que figuran en el paquete de emisoras que ofrecen las operadoras de televisión por cable.

La legislación venezolana establece que un canal será considerado «internacional» si el 30% de su programación es de origen extranjero, y «nacional» si el porcentaje de programas emitidos producidos en Venezuela supera el 70%.

Medios estatales venezolanos subrayaron este sábado que RCTVI no había emitido la cadena de unos minutos que ordenó Chávez durante su intervención en la concentración oficialista que se celebró en Caracas en apoyo a su Gobierno y con motivo del 52 aniversario de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.

Tras el cierre, algunos medios locales recogieron varias concentraciones en la capital, en la que grupos de ciudadanos y dirigentes políticos mostraban su disconformidad con la decisión golpeando cacerolas.

Las cadenas nacionales o cadenas presidenciales, no dejan de ser otra forma de controlar a los medios sin necesidad de cerrarlos, ya que si el medio no la emite, el medio es multado y acaba siendo cerrado como le pasó a RCTV.

Bajo la cadena presidencia, el Gobierno tiene derecho a cortar la emisión cuando quiera y el tiempo que quiera sin previo aviso, para anunciar lo que quiera y como quiera, lo que da lugar a que cuando Chávez vivía, las cadenas presidenciales podían durar horas (3.500 horas en 14 años) o ahora con Maduro, que se retransmitan obligatoriamente inauguraciones o cualquier acto del gobierno. A pesar de que Chávez abusaba de las cadenas nacionales, Maduro le supera.

Maduro en febrero: Casi 35 horas en cadena y sin salir de Caracas

El presidente Nicolás Maduro no abandonó Caracas en todo el mes de febrero, a excepción del Día de la Juventud, cuando se trasladó a La Victoria, estado Aragua, en la tarde. En el segundo mes del año, el jefe del Estado realizó 19 cadenas de radio y televisión con una duración global de 34 horas con 51 minutos.

89% de las transmisiones (17 cadenas) se realizó desde Caracas y 68% (13) tuvo como escenario el Palacio de Miraflores. La cifra no incluye la transmisión interdiaria del segmento Noticiero de la Patria, que es un recuento de actividades presidenciales, de 10 minutos, en cadena nacional.

En 28 días Maduro solo emitió una cadena desde el Palacio Blanco (reunión con gobernadores oficialistas); una desde Pdvsa (taller de eficiencia socialista); otra desde el Cuartel de la Montaña (aniversario del golpe de Estado del 4-F) y una concentración en la Puerta de Caracas en La Pastora (el Día de la Juventud). Además del viaje a La Victoria, desde donde emitió dos veces el mismo día: en la primera, inauguró un monumento a José Félix Ribas y en la segunda, presidió un desfile cívico-militar.

Además de las cadenas presidenciales, los medios tienen la obligación de emitir un espacio de entre 5-20 minutos, donde se resuman las actividades de ese día del gobierno de Venezuela (Prensa Presidencial). Lo que viene siendo el NODO Bolivariano.

La situación no ha quedado ahí y las emisoras de televisión que en otros tiempos eran las más favorables a la oposición, pasan a manos estatales al no renovarse la licencia o eran compradas por grupos amigos del Presidente Chávez, después de que desde el Gobierno presionara a anunciantes o se fuera contra los directivos de las cadenas como en el caso de Globovisión, el canal más crítico con el gobierno y provocando la venta de los canales.

Una vez comprados por los nuevos dueños que prometían no cambiar la línea informativa, ocurre que sí hay giros editoriales porque los nuevos dueños quieren mantener las licencias. Lo normal.

La autocensura

Por si no fuera suficiente, durante las últimas protestas de Febrero en Venezuela, los medios de radio, televisión o de internet, que son neutrales u opositores al gobierno y que aún siguen en operativo, directamente acabaron por autocensurarse ya que en las semanas previas, el Gobierno impuso nuevas legislaciones en materia de comunicación, impidiendo a los canales de televisión la cobertura de las protestas, dejándolas en temas menores.

Si daban cobertura a las protestas en televisión, podían ser sancionadas y cerradas.

3.- El Directorio observa con preocupación que la cobertura mediática que están recibiendo los lamentables hechos de violencia generados en algunos lugares específicos del país, por parte de ciertos prestadores de servicios privados, nacionales y regionales, tanto en radio, televisión y medios electrónicos, pudiese ser considerada violatoria a lo dispuesto en el art. 27 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos que claramente prohíbe la difusión de contenidos que hagan apología del odio y la violencia, los llamados al desconocimiento de las autoridades y a alterar la paz pública.

El Directorio considera de suma gravedad que nuevamente, al amparo de la libertad de expresión, plenamente garantizada en nuestro ordenamiento jurídico, algunos actores del espectro radioeléctrico realicen una cobertura mediática que podría o pudiese privilegiar, en tiempo, tratamiento y lenguaje, la promoción de la violencia y los llamados a caotizar la vida pública, por encima de la convocatoria al diálogo, el respeto a la ley y la solución pacífica de los conflictos.

4.- En consecuencia, el Directorio hace un firme exhorto a todos los prestadores de servicios audiovisuales y medios electrónicos al estricto cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos, sin menoscabo del derecho que tienen a darle cobertura comunicacional a hechos significativos de la vida nacional. El Directorio reitera que la violación o desconocimiento de la Ley acarrea penas y sanciones claramente establecidas y conocidas por todos y todas.

De los pocos medios que emitieron las protestas, fueron el canal de noticias NTN24 con sede en Bogotá y el canal norteamericano CNN. Como resultado de emitir las protestas, NTN24 fue censurado y sacado de la emisión de televisión por cable en Venezuela, situación que se repitió con Caracol y RCN.

El presidente Nicolás Maduro dijo que sacar del aire al canal colombiano NTN24, que transmitía por cable a Venezuela, fue una decisión de Estado.

«Para que lo sepan (…) yo voy a defender el derecho a la tranquilidad de Venezuela y nadie va a venir desde el exterior a tratar de perturbar el clima psicológico de Venezuela», comentó Maduro.

NTN24 denunció el miércoles en Bogotá que su señal dejó de ser emitida en territorio venezolano mientras informaba sobre las marchas en Caracas y en varias ciudades de Venezuela convocadas por la oposición para protestar contra el Gobierno del presidente Maduro, señaló la agencia Efe.

«Pretendía (NTN24) ayer (miércoles), en las cableras venezolanas, transmitir la zozobra de un golpe de Estado como el 11 de abril», dijo Maduro en referencia al intento de derrocar, en 2002, al entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).

También dijo que «otras cadenas que hay por ahí» son utilizadas desde el exterior «para tratar de influir y perturbar, pero sobre todo hacer daño, hacer daño en el mundo, siempre».

Situación parecida, le ocurrió a CNN que también fue censurada por cubrir las protestas y darle un espacio al líder opositor (y gobernador de un estado) Henrique Capriles para transmitir sus mensajes a la nación, persona que no deja de ser la oposición a Maduro con el 49,07% de los votos frente al 50,66% de Maduro.

Al día siguiente, Maduro ordenaba que la señal de CNN fuera sacada del aire y retiraba las credenciales a los corresponsales y enviados de CNN a menos que rectificara, aunque horas después y ante el escándalo que suponía la medida por la cadena que era, Maduro rectificaba y permitía quedarse a CNN, aunque la cobertura ya no fue la misma.

NOTA: Dentro de esta censura a los medios, se sumó la censura del Gobierno a internet, en especial a Twitter, ya que esta red social era empleada para retransmitir fotografías de las protestas lo qu provocó la denuncia de Twitter sobre el hecho Venezuelans Blocked on Twitter as Opposition Protests Mount.

Prensa escrita: Autocensura y falta de papel.

Fotografía de IPS – Noticias

La prensa escrita es quizás una de las que más está sufriendo esta censura directa o encubierta que se vive en Venezuela.

Al igual que con Globovisión, los grupos mediáticos acaban vendiendo los medios, en muchos en casos a amigos del Gobierno, como ocurrió con la venta de Cadena Capriles, dueña de Últimas Noticias, el diario de más circulación de Venezuela.

A pesar de que Últimas Noticias ha ido denunciando los asesinatos del Gobierno de Venezuela en las protestas, lo cierto es que los propios periodistas del diario denunciaron los cambios en las portadas o los cambios en la línea editorial, supuestamente como respuesta de los dueños para evitar sanciones por parte del Gobierno al cubrir las protestas, como expusimos anteriormente.

Situación parecida le ocurre a El Nacional, otro de los diarios fuertes de Venezuela, sancionado por denunciar el caos en las Morgues y los problemas de Venezuela como los asesinatos, y que recibió la prohibición de publicar cualquier tipo de contenido que pueda interpretarse como violento, donde se incluía publicar cifras de fallecidos en la morgue…Léase VENEZUELA: El Estado, la prensa y en medio una morgue repleta

Lo mismo le ocurrió a El Universal, otro de los diarios críticos con el gobierno, también sancionado por denunciar los problemas de Venezuela y que durante las protestas de Febrero, tuvo un corte informativo light, al aplicar una autocensura y evitar hablar de las protestas.

Recientemente se ha sabido que el El Universal, ha sido vendido, supuestamente a un grupo empresarial español aunque se había relacionado la venta del periódico al gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami.

La mano del gobierno, directamente o indirecatemente siempre acaba apareciendo detrás de todas estas ventas, ya que el nuevo director de El Universal, está vinculado al chavismo.

El diario El Universal, propiedad de la familia venezolana Mata y la publicación más antigua del país, fue vendido a un grupo español. Esta información fue confimada por Elides Rojas, jefe de redacción del medio, aunque no ofreció el nombre del comprador ni tampoco explicó cómo será el proceso de transferencia de acciones.

Como nuevo presidente del diario fue nombrado el ingeniero Jesús Abreu Anselmi, vinculado al chavismo. Es hermano de José Antonio Abreu, presidente del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, y actualmente es director suplente del Circuito Fm Center, que pertenece al grupo Cisneros. Fue senador suplente y viceministro de Infraestructura durante el gobierno del presidente Jaime Lusinchi.

La falta de papel

La censura más sibilina pero más eficaz que se está haciendo en Venezuela, es la falta de papel.

La dificultad de acceder al papel por parte de las empresas editoras de los periódicos, se debe a que el Gobierno no les ha concedido el permiso para adquirir las divisas necesarias para comprar el material en el exterior ya que ante la crisis económica que vive Venezuela, el gobierno ha endurecido las restricciones a la compra de dólares y hacen que cualquier empresa que opera en Venezuela y necesite comprar materias primas fuera de Venezuela, no pueda hacerlo.

Desde Mayo de 2013, el Gobierno no liquida los dólares necesarios para que los medios compren los insumos (papel) que necesitan para editar los periódicos. Ante la falta de papel que se acercaba, desde Septiembre de 2013 los medios comenzaron a reducir la tirada, suprimir algunos de sus secciones o directamente cerrar hasta que hubiera papel como le ocurrió a El Expreso de Guayana, Diario de Sucre o La Nueva Versión, de Zulia.

Tal y como explicaba Humberto Márquez en IPS:

Venezuela no produce papel para periódicos, que se compra a Canadá, Chile o Europa. Como toda importación, esas adquisiciones están sujetas a un estricto control de cambios vigente desde hace 11 años, con el Estado como único oferente de divisas.

El Nacional, uno de los diarios de circulación nacional, ha publicado a toda página cartas dirigidas a las autoridades cambiarias y al presidente Nicolás Maduro, en las que solicita respuesta  sobre su petición de 3,8 millones de dólares para pagar bobinas de papel contratadas.

“En Venezuela, toda importación fuera del control cambiario oficial es ilegal, se puede ir a la cárcel. Por eso ni siquiera podemos pensar en buscar o adquirir dólares más costosos en un mercado paralelo o negro para comprar insumos”, señaló Otero.

Los diarios más afectados son aparentemente El Nacional y El Nuevo País, en Caracas, Correo del Caroní y El Impulso, de la centroccidental ciudad de Barquisimeto. Todos ellos tienen una línea editorial frontalmente crítica con el gobierno de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, quien gobernó el país desde 1999 hasta su muerte en 2013.

Pero la escasez también afecta a otros de línea neutral, como el de mayor circulación del país, el popular tabloide Últimas Noticias, que ha reducido sus páginas este mes.

El tabloide caraqueño Vea, fundado por antiguos comunistas en 2003 para apoyar al gobierno de Chávez, confronta penurias similares a los periódicos opositores, que Maduro ha pedido a sus adeptos “no comprar ni leer”.

“No tenemos una gota de papel. Editamos el diario pidiendo prestada alguna bobina, comprando a quien nos venda algo, mientras que no hemos podido importar porque no tenemos trato preferencial y para obtener divisas nos piden todos los papeles y permisos imaginables”, dijo a IPS el responsable de Vea, Carlos Servando García.

Según Otero, los diarios deben tramitar y obtener 19 permisos y solvencias con cada solicitud de divisas para insumos, “incluyendo el certificado de no-producción, cada vez y para cada caso, a pesar de los obvio de que Venezuela no produce papel periódico”. Los trámites, como para el resto de las demandas de divisas, son electrónicos.

El Bloque de Prensa estima que se adeuda a los 70 diarios que circulan en el país unos 140 millones de dólares para que puedan honrar sus compromisos externos.

Venezuela, aunque tiene ingresos por sus exportaciones petroleras de alrededor de 100.000 millones de dólares anuales, soporta una escasez de divisas que afecta a los particulares, desde viajeros a países vecinos hasta empresas automotrices, pasando por las industrias de alimentos, telecomunicaciones, farmacéuticas y aeronáuticas.

Ante esta falta de papel y el cierre de periódicos, la Asociación Colombiana de Editores de Diarios prestó en Abril el papel a los medios venezolanos que no cuentan con divisas para comprarlo. Estas donaciones han ido siguiendo en el mayo pasado y en los últimos días se ha ido denunciando que sólo periódicos del Gobierno tienen papel.

Nota final

Como vemos, los mecanismos de control público que pide Podemos, únicamente nos recuerda a la situación de Ecuador y Venezuela, donde la censura directa o encubierta hacen que los medios se autocensuren si no quieren cerrar, porque el control del estado acecha.

En España NO hacen falta mecanismos de control porque éstos mecanismos ya existen y de eso sabe bien Federico Jiménez Losantos.

Me quedo con dos resúmenes sobre esta supuesta falta de pluralidad o la necesidad de regulación:

1 –  Arturo Puente

Pablo Iglesias se ha quejado en 5 cadenas de televisión distintas de la falta de pluralidad en las cadenas de televisión.

— apuente (@apuente) julio 4, 2014

2 – Alfredo Puentes en Compostimes «Podemos y la mandíbula de cristal»

¿Será simplemente que, ahora que Podemos ya es un partido político con representación parlamentaria, ha entrado en el juego político y puede recibir críticas como todos los demás? ¿Y que por eso  es normal que alguien critique que, por ejemplo, Pablo Iglesias ha llegado a ser eurodiputado con menos años que Elena Valenciano, a la que criticaba en este vídeo por su pronto ascenso a la poltrona?

Pues no, amigos. No es eso. Podemos no puede recibir las mismas críticas que ellos han dedicado al resto de partidos, que el resto de partidos se dedican entre ellos o que los medios lanzan a diestro y siniestro. Porque Podemos no es otro partido, otra opción política tan válida como las demás. No. Podemos es El Pueblo®, Los-de-abajo® y La-gente-decente®. En consecuencia, cualquier crítica dirigida hacia ellos no es más que un intento de “la casta” por desacreditarles, porque “están nerviosos”.

3 – Ramón Lobo en Pablo Iglesias y la regulación de los medios

Personalmente la palabra regulación me produce alergia. Creo en la necesidad de unos medios públicos del Estado, potentes y de calidad. Mis modelos son la BBC y la PBS estadounidense. Esta última se financia mediante donaciones. Toda regulación debe ir dirigida a garantizar su independencia, a proteger los medios estatales de la manipulación interesada del gobierno de turno, sea nacional, autonómico o local. Es como si un gobierno solo permitiese entrar en los hospitales públicos a sus votantes.

Con los medios privados debería bastar la ley, como en el caso de Twitter, sea el Código Penal, Civil o Mercantil. La única manera en que un gobierno puede influir en la pluralidad informativa es fomentar las fundaciones y las cooperativas para que surjan medios alternativos al mainstream.

Se puede imponer por ley la creación de comités de redacción, como el del diario El País. Se trata de órganos consultivos. No se puede imponer una línea editorial a quien se juega su dinero ni un enfoque informativo al director que dirige un medio. Se llama libertad de empresa y libertad de prensa. Los límites ya están definidos. El resto lo deciden los lectores. De hecho, si analizamos las cifras de venta en kiosko, se puede afirmar que ya lo están decidiendo. Si un director entra en los textos de sus redactores y los manipula sin consultar al afectado no es algo que deba perseguir el Gobierno. El regulador más eficaz se llama lector, oyente, televidente. El periodismo de bajura se estrellará contra la realidad. Es su destino.